Los fiscales están estudiando la posible responsabilidad penal de aqullos funcionarios que, por negligencia, no subsanen los problemas que pueden poner en riesgo la circulación y por tanto la vida de las personas. Se refieren, en concreto, a desperfectos en las carreteras, infraestructuras inadecuadas, badenes antirreglamentarios, etc. Igualmente, se plantea la posibilidad de acusar de prevaricación omisiva a aquellos alcaldes que, de forma consciente y voluntaria, se nieguen a comunicar la detracción de puntos del permiso a la Dirección General de Tráfico.
Funcionarios y alcaldes, también responsables
