Enrique López, miembro del Tribunal Constitucional, fue imputado por la Policía Local de Madrid de un delito contra la seguridad vial. El magistrado había sido interceptado por una patrulla en el Paseo de la Castellana de Madrid que vió como se saltaba un semáforo en rojo mientras conducía su moto sin casco. Después de realizar siete pruebas inválidas de alcoholemia, los agentes comprobaron que cuadriplicaba la tasa de 0,26 miligramos permitida por la ley.
Tras confirmarse este suceso el juez presentó su dimisión ante los órganos de Gobierno del Tribunal Constitucional y ha sido sentenciado a una pena de multa de 1440 euros y la retirada del carné de conducir durante ocho meses
